A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA EDPA, A LA SOCIEDAD EN GENERAL
P r e s e n t e.
Asunto: Información sobre el conflicto en Escuela de Derecho Ponciano Arriaga. Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.
El pasado lunes 17 de febrero del presente la “Dirección” de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, instrumentó el despido de la Lic. Paulina Sandoval Borja y Lic. Jessica Shagel Castillo Valdés, personal administrativo de la Escuela.
Con anterioridad, también la “Dirección” de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga despidió a la profesora Mtra. Stephani Ruiz de los Santos sin motivo o justificación alguna, materializándose esto al no asignarle grupos en el nuevo ciclo escolar 2020-1 que comenzó el día 10 de febrero del presente.
Las anteriores situaciones detonaron la inconformidad de la comunidad estudiantil y también de la planta docente, mismas que ya se venían haciendo patentes desde los primeros meses del año 2019, cuando la Escuela de Derecho Ponciano Arriga A.C. se incorporó al programa de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.
Las razones fundamentalmente son que por motivo de esta transición se recortó la planta docente de 70 a 20 profesores, expresando las autoridades que el motivo de ello era que se pretendía que los profesores fueran de medio tiempo y tiempo completo, con una carga académica de 12 o 24 hrs. semanales (3 o 6 grupos) de clase frente a grupo. Ello motivó que mayoría de los profesores que sólo podían impartir 4 u 8 horas semanales (1 o 2 grupos), quienes la actividad docente no es su fuente principal de ingresos, fueran excluidos del nuevo proyecto educativo; cabe destacar que buena parte de éstos profesores, por motivo de su actividad profesional, transmitían una visión práctica de las distintas especialidades en las que se desarrollan profesionalmente, situación que contribuía en la calidad de la formación de los futuros profesionistas que la Escuela de Derecho. En la Escuela y bajo el anterior sistema de asignación de clases, estuvieron impartiendo cátedra el Mtro. Bernardo Bátiz, la Dra. Lenia Batres Guadarrama, la Mtra. Luisa María Alcalde y el ahora ministro de SCJN Dr. Luis González Alcántara Carrancá, entre otros.
Los profesores que se mantuvieron en el nuevo proyecto, hicieron una convocatoria en la que se tuvo que acreditar los estudios y grados académicos así como la experiencia docente y profesional. Fueron convocados a trasladarse por sus propios medios a las instalaciones de CREFAL en Pátzcuaro, Michoacán, los días 28 y 29 de marzo de 2019 para ser entrevistados.
Resultado de dicha convocatoria fue que se les asignara de manera informal grupos para la impartición de clases a partir de abril de 2019, porque desde ese momento ni hasta la fecha se les ha contratado laboralmente como profesores. Sin embargo, no se deja de destacar que desde abril y hasta septiembre del mencionado año, la labor docente se realizó sin que mediara pago alguno, siendo hasta finales del mes de octubre que se comenzó a pagar a los docentes los adeudos anteriores y los correspondientes pagos de ese ciclo escolar 2019-2. No sin dejar de mencionar que los pagos a los profesores se realizaron bajo la figura de “subsidios” por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la justificación de “no esperar al lento proceso de regularización de las plazas” que ya se había iniciado, de los cuales se les hizo firmar convenios mensuales de “prestación de servicios docentes” sin que se proporcionara al menos una copia de dichos instrumentos.
En el nuevo ciclo escolar 2020-1 se notificó de manera informal, nuevamente, que los medios tiempos y tiempos completos de clase serán de 20 hrs. (5 grupos) y 38 hrs. (9 grupos) frente a grupo, respectivamente, a instrumentarse esto a partir de ciclo escolar 2020-2, lo cual resulta sumamente excesivo, ya que en otras Universidades Públicas los tiempos completos no exceden de 20 hrs. contando las que se asignan frente a grupo y en labores de tutoría, tomando en consideración que el ejercicio docente no solo implica estar frente a grupo, sino que también incluye la preparación de los contenidos, revisión de trabajos, elaboración de exámenes y prácticas y evaluación y retroalimentación. Lo anterior evidencia el poco conocimiento de la enseñanza superior del derecho y la poca sensibilidad con la que se viene planteando la actividad docente a los profesores.
En este nueva reconfiguración de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, a los profesores se les ha venido imponiendo desde la “Dirección” de la Escuela “ciertos requisitos” que coartan la libertad de cátedra y el ejercicio de la actividad docente; limitación de contenidos temáticos, establecimiento de formas rígidas de evaluación para los estudiantes, un control excesivo de horarios, la imposibilidad de hacer prácticas fuera de las instalaciones y visitas a tribunales. Lo anterior transgredido la identidad institucional y de pensamiento de una Escuela de Derechos Humanos cuya finalidad es formar “juristas que vayan más allá de la simple aplicación mecánica del derecho empleando silogismos”, estableciendo “programas y métodos de estudio prácticos y activos que fomenten la capacidad de argumentación jurídica”, en donde los docentes “Deben asumir también que son sujetos de aprendizaje… discutir con sus pares y buscar mecanismos para mejorar, sin que las mejoras tengan que venir necesariamente desde la dirección o las autoridades administrativas.” Indetidad que permanece pública en la página https://poncianoarriaga.wordpress.com/acerca-de/
Por otra parte, los estudiantes inscritos hasta antes de la transición tuvieron que esperar 5 meses sin clases entre el periodo abril a agosto de 2019, bajo la promesa, de la Coordinación General las Universidades, de mejores condiciones para el desarrollo de sus estudios de licenciatura, incluso, prometiendo que la Escuela se mudaría a la “Puerta del Sol”, lugar que sería remodelado y acondicionado para recibir
a ellos y las nuevas generaciones de estudiantes. Sin que a la fecha estas mejoras de condiciones se hayan materializado, sino que por el contrario.
El ciclo escolar de 2019-2 de septiembre a diciembre de 2019, se comenzó y se finalizó sin un programa de estudios oficial, sin calendario de actividades, sin servicio médico, sin personal para la biblioteca, sin vigilancia, incluso, la Escuela sufrió dos robos, dejando sin proyectores los salones de clase, sin que éstos hayan sido repuestos hasta ahora. Cabe destacar que la escuela cuenta con una computadora funcional para 800 estudiantes y que la biblioteca no cuenta con una colección adecuada ni actualizada, ya que básicamente ésta se conformó por donaciones. No sin mencionar que las instalaciones se encuentran rebasadas por la cantidad de estudiantes inscritos, incluso, con la necesidad de tomar clase en el auditorio.
Todo lo anterior ha generado un escenario de incertidumbre, sobre el estatus de los estudiantes que cursan sus estudios de licenciatura en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, sus formas y procesos de titulación de los ya egresados y por egresar, sobre la estabilidad laboral de los Docentes y Administrativos, ya que no se cuenta con reglamentación oficial ni documentos que proporcionen la seguridad y tranquilidad de la comunidad universitaria.
Ciudad de México a 3 de marzo de 2020.
A t e n t a m e n t e
Mtro. Germán Reyes Gaytán
Profesor de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga Universidades para el Bienestar Benito Juárez García
