No hay evidencia sólida en las fuentes disponibles que vincule directamente el caso del maestro Esteban Canchola con excesos o corrupción. Sin embargo, el caso ha generado una controversia significativa, y a continuación se detalla la información relevante basada en los reportes disponibles, incluyendo las acusaciones y el contexto que han alimentado el debate público.
El caso del maestro Esteban Canchola, en Mexicali, Baja California, gira en torno a su condena por omisión de auxilio tras la muerte de un alumno, Martín Damián, de 10 años, en octubre de 2023. El menor sufrió un golpe en la cabeza mientras jugaba fútbol en la escuela primaria Eucario Zavala Álvarez, presuntamente tras ser empujado por otro estudiante en un posible caso de bullying. Según la cronología, el incidente ocurrió antes del inicio formal de clases, alrededor de las 13:00 horas. Damián notificó su malestar al maestro Esteban a las 15:30, quien activó el protocolo escolar, informó a los padres y gestionó la atención médica a través del seguro escolar. El menor fue llevado a la Clínica Internacional de Especialidades de Mexicali, donde se le administraron analgésicos y fue dado de alta, a pesar de presentar vómitos. Horas después, su estado empeoró, y tras ser trasladado al IMSS, falleció el 5 de noviembre de 2023 por un politraumatismo craneoencefálico severo.
El 27 de junio de 2025, un juez declaró culpable a Esteban por omisión de auxilio, argumentando que no actuó con la urgencia necesaria, según testimonios que indican que ignoró el estado del menor por más de 30 minutos y que otros compañeros ayudaron al niño. La sentencia definitiva, dictada el 3 de julio de 2025, podría implicar una pena de 6 meses a 3 años de prisión, con la Fiscalía solicitando 1 año y 3 meses, además de una indemnización de 6 millones de pesos exigida por los padres de Damián.
Controversia
La condena ha desatado una fuerte controversia, dividiendo opiniones entre la familia del menor, que busca justicia por la pérdida de su hijo, y la comunidad docente, que considera la resolución injusta y un ejemplo de criminalización del magisterio. Los puntos clave de la controversia incluyen:
- Cumplimiento de protocolos escolares:
- La defensa de Esteban, respaldada por el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETEBC) y la Sección 2 del SNTE, argumenta que el maestro siguió los protocolos establecidos: notificó a los padres y activó el seguro escolar. Testimonios de alumnos y compañeros respaldan que Damián fue atendido puntualmente, y videos de las audiencias apoyarían esta versión. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Esteban no actuó con la rapidez necesaria, basándose en declaraciones de testigos que afirman que ignoró el llanto del menor.
- Los docentes critican que los protocolos escolares son confusos e insuficientes, señalando que no permiten a los maestros llamar a una ambulancia directamente si no hay heridas visibles, lo que limita su capacidad de respuesta.
- Responsabilidad fuera del horario escolar:
- Un punto central de la controversia es que el incidente ocurrió antes del inicio formal de clases, cuando los alumnos jugaban fútbol. La familia de Esteban y los docentes argumentan que no se le puede responsabilizar por eventos fuera de su jornada laboral, especialmente sin pruebas claras de negligencia.
- Criminalización de la labor docente:
- Cientos de maestros se han manifestado en Mexicali y Tijuana, frente a la Secretaría de Educación y el Poder Judicial, exigiendo justicia para Esteban y una revisión de los protocolos escolares. Argumentan que el caso establece un precedente peligroso, donde los docentes pueden ser penalizados por incidentes fuera de su control, lo que vulnera su integridad profesional y emocional.
- En redes sociales, bajo hashtags como #JusticiaParaEsteban y #NoMásPersecuciónDocente, exalumnos, colegas y ciudadanos han destacado la trayectoria de Esteban, describiéndolo como un maestro dedicado con más de 25 años de servicio y entrenador de fútbol americano.
- Exigencias económicas:
- La familia de Damián exige una indemnización de 6 millones de pesos, lo que ha generado críticas en redes sociales. Algunos usuarios, como @anniepuuff, consideran excesiva esta cantidad y sugieren que los padres están buscando aprovecharse del caso, aunque esta percepción no está respaldada por pruebas concretas.
- Acusaciones de irregularidades en el proceso judicial:
- Organizaciones de derechos humanos y docentes han señalado posibles irregularidades en el proceso, como la falta de grabación de declaraciones de testigos en presencia de especialistas o familiares, según lo reportado por Héctor Lara, líder del SETEBC.
- La familia de Esteban denuncia que el proceso penal ha sido inconsistente y que la culpabilidad recayó injustamente sobre él, ignorando las acciones que tomó conforme a los protocolos.
Acusaciones de excesos y corrupción
Aunque el usuario pregunta por "excesos y corrupción", las fuentes no proporcionan evidencia clara de corrupción directa en el caso de Esteban. Sin embargo, hay señalamientos que podrían interpretarse como relacionados con posibles excesos o manejos cuestionables:
- Clínica Internacional de Especialidades:
- La clínica que atendió a Damián, vinculada al seguro escolar, es propiedad de Daniel Cervantes Torres, padre de Daniel Ramsés Cervantes Aguilar, Oficial Mayor del Gobierno de Baja California. José Martín González, padre de Damián, acusó que el proceso legal contra la clínica ha sido lento, sugiriendo influencias políticas debido a la relación con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Afirmó que “hay algo turbio” en la falta de avances contra la clínica, que dio de alta al menor sin realizar estudios de imagen, lo que pudo contribuir al desenlace fatal.
- Los docentes también han criticado la atención médica del seguro escolar, calificándola de “negligente” por no realizar estudios adecuados, lo que pone en cuestión la calidad del servicio contratado por el gobierno estatal.
- Falta de apoyo sindical:
- Algunos docentes han expresado frustración por la falta de respaldo del líder sindical del SNTE, Juan Enrique Villanueva, quien no firmó el posicionamiento de apoyo a Esteban. Esto ha sido interpretado como una muestra de abandono del magisterio ante un caso grave, sugiriendo que los líderes sindicales están más alineados con intereses políticos que con la defensa de los docentes.
- Protocolos escolares y responsabilidad estatal:
- Los maestros han señalado que el gobierno estatal no asume responsabilidad por las carencias estructurales del sistema educativo, como la falta de orientadores, prefectos o trabajadores sociales en las escuelas, lo que sobrecarga a los docentes con funciones que exceden su rol. La ausencia de un marco legal claro para proteger a los maestros en casos de accidentes escolares también ha sido criticada como un exceso de responsabilidad impuesta a los docentes.
Contexto y reacciones
El caso ha generado un debate nacional sobre la criminalización de los docentes y la necesidad de reformar los protocolos escolares. El SETEBC y la Sección 2 del SNTE han exigido:
- Modificación de los protocolos de atención de emergencias para que sean claros y efectivos.
- Suspensión de procesos penales contra docentes que actúen conforme a los lineamientos.
- Protección legal para los maestros frente a incidentes en los planteles.
- Responsabilidad compartida del sistema educativo estatal en la atención de emergencias
En redes sociales, la indignación se ha reflejado en publicaciones virales, como la de @Siete24M, que cuestiona la justicia para los maestros en México, y @ProfeCastroCO, que llama a establecer leyes de protección jurídica para docentes en otros países, como Colombia.
Conclusión
El caso del maestro Esteban Canchola es un ejemplo complejo de cómo un accidente escolar puede derivar en una controversia legal y social. Aunque no hay pruebas directas de corrupción en el proceso contra Esteban, las acusaciones de lentitud en la investigación contra la clínica y los señalamientos sobre influencias políticas sugieren posibles manejos cuestionables. La comunidad educativa ve el caso como un precedente alarmante que criminaliza su labor, mientras que la familia de Damián busca justicia por la pérdida de su hijo. La falta de protocolos claros y el deficiente sistema de atención médica escolar han amplificado la controversia, dejando a Esteban en una situación de vulnerabilidad jurídica.
